PARECE evidente que el listón de lo admisible y tolerable en la vida pública española ha vuelto a descender un poco más todavía con lo último que conocimos, hace días, sobre el cobro de comisiones a una empresa constructora especializada en obra pública (el Grupo Collosa), por parte de dos altos responsables del PP: Federico Trillo (excelentísimo embajador español en Londres) y Vicente Martínez Pujalte, diputado en el Congreso y portavoz de Economía de su partido en dicha institución. Ambos han defendido con uñas y dientes su inocencia —recordemos que también lo hicieron, en su momento, Juan Guerra, su hermano "Alfonzo", Luis Roldán, Mariano Rubio, Jaume Matas, Iñaki Urdangarín, Germán Díaz Ferrán, Miguel Blesa, Francisco Granados y tantos y tantos otros políticos y empresarios—, y han recordado la legalidad de su actuación, que se acogía a lo estipulado por las leyes. Martínez Pujalte, incluso, ha ido más lejos y, a semejanza de los viejos sofistas y rétores del bajo Imperio Romano se ha permitido echar mano de sus recursos retóricos para entretenerse en juegos conceptuales y señalar que el cobro realizado —que, en su caso, asciende a unos 79.000 eurillos de nada (claro que Trilló cobró 375.000, para eso fue ministro en su momento)— es legal, aunque quizá no sea ético. ¡Qué sutil y avispado el diputado!
Vamos a ver... No se trata, en concreto, de Federico Trillo, o de Martínez Pujalte (quienes, efectivamente, parecen haber actuado dentro de la legalidad; lo cual nos lleva a pensar si no habría que modificar las leyes y los reglamentos para que esto no volviera a ocurrir). El suyo es un caso más del grado de desahogo y desparpajo al que han llegado nuestros políticos y dirigentes. Nunca se equivocan; todo lo hacen bien. Cualquier cosa vale con tal de quedar encima y no soltar ese carguito público que, según ellos mismos afirman, ejercen por nosotros con mucho sacrificio y a costa de perder dinero (cosa que no ocurriría, al parecer, si estuvieran trabajando para la empresa privada). Bueno, pues que se vayan, si tanto les cuesta, que otro ocupará su puesto. En cualquier caso yo me pregunto: si Martínez Pujalte sabía que no era ético actuar como lo hizo —y parece que es así, puesto que en caso contrario no respondería como lo ha hecho— ¿por qué aceptó coger ese dinero mientras ejercía como diputado en el Congreso, por muy legal que fuera la cosa? ¿Quizá, entonces, no conocía el significado de la palabra "ético", y aquella máxima de que la mujer del César no sólo ha de ser honrada, sino además parecerlo...?