La conclusión parece evidente: el Gobierno Central no tenía que haber permitido la celebración de la pantomima organizada ayer por la Generalitat catalana. Salvo que las urnas se hubieran colocado en locales privados y domicilios particulares —cosa que, al parecer, no ocurrio—, la Policía Nacional y autonómica tendría que haber procedido a la identificación de los responsables y organizadores y a la posterior clausura de aquellos centros oficiales (institutos, colegios, etc.) donde se reunieron los partidarios del aquelarre y de un mal entendido supuesto "derecho a decidir" que no encaja, de ninguna de las maneras, en nuestra Constitución. Pero no fue así: Artur Mas obtuvo lo que deseaba —esto es, tiempo y presión política, pues lo último que desea él y la elite económico-política que representa su partido es la independencia de Cataluña—, la sociedad catalana está más dividida que nunca y la credibilidad del Estado Español como superestructura ha salido seriamente tocada por este desafío que ha terminado sin consecuencias para quienes han vulnerado la Ley. Si Mas hubiera estado suspendido de funciones y sus consejeros obligados a rendir cuentas ante Hacienda para explicar cuánto dinero público se han gastado en todo este inútil (e ilegal) proceso, quizá nos cantaría otro gallo. Pero esto es España y, como ya saben, "is diferent"... A las puertas de La Moncloa ya debe de estar Urkullu llamando para decirle a Rajoy aquello de: "¿qué hay de lo mío?", a cambio de no celebrar otro referéndum... El "hecho diferencial" vasco, en el fondo, también es así...
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